Mientras la Iglesia ejerce presiones para que no se pueda implementar la educación sexual en las escuelas y hace campañas por el “Día del niño por nacer”, en Argentina las principales causas de muerte de mujeres adolescentes y jóvenes son las consecuencias del aborto clandestino, que podrían evitarse si la interrupción voluntaria del embarazo se practicara legalmente en los hospitales públicos, con personal e instrumental idóneos. Con ocho años de kirchnerismo y una presidente mujer, seguimos sufriendo la clandestinidad y el aumento de los índices de mortalidad por abortos mal hechos. Ni siquiera se ha puesto en marcha seriamente el Programa Nacional de Educación Sexual y millones de mujeres adultas y jóvenes siguen sin poder acceder a los anticonceptivos gratuitos. Todo porque el Gobierno de Cristina Fernández, lo mismo que la oposición patronal, prefiere mantener las “buenas relaciones” con la Iglesia Católica, como lo dejó demostrado una vez más en su discurso ante la apertura de las sesiones en el Congreso anunciando la Asignación Universal por Hijo para las embarazadas con el argumento de “apostar por la vida”. En un país donde se hacen más de quinientas mil interrupciones del embarazo por año, mantener la clandestinidad no es más que sostener la hipocresía. Una verdadera discriminación a las mujeres trabajadoras y de los sectores populares que no tienen recursos para hacerlo en condiciones de salubridad, y son las que pierden la vida a causa de la ilegalidad.

La Iglesia, el gobierno K y el Estado son los responsables de la muerte de más de cuatrocientas mujeres cada año por estas circunstancias. Exigimos el derecho de las mujeres a decidir y tomar control de su propio cuerpo, su sexualidad y sus funciones reproductivas. Por eso luchamos por la educación sexual y la distribución gratuita de anticonceptivos y por el derecho al aborto legal, libre, seguro y gratuito, al mismo tiempo que defendemos que la maternidad sea una opción libremente elegida.

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