Como se vio en el Parque Indoamericano, al que se rebela contra lo que le toca vivir, el Estado le ofrece como respuesta represión y muerte. Los supuestos “progres” K, que se llenan la boca hablando de derechos humanos, y “la derecha” coinciden en proponer bajar la edad de imputabilidad de los menores y en criminalizar la protesta social. Junto con los kirchneristas, Scioli y la oposición coinciden en terminar con “el garantismo” y aplicar la mano dura más abierta, con una policía descompuesta que tira por la espalda, secuestra y desaparece a pibes como Luciano Arruga, que se negó a colaborar con su red de delito; a chicos como los de José León Suárez, Gabriel Ramos y Franco Raúl Almirón; a Lucas Rotella de Baradero, asesinado también por la Bonaerense. También Miguel Bru, Walter Bulacio y Rubén Carballo, Puente Pueyrredon, Kosteki y Santillán son los nombres y lugares que quedan sonando cuando se piensa en la maldita Bonaerense o en la Federal. Este es el Estado, sin disfraces, el del uniforme, la gorra y el bastón, el que defiende a los de arriba para mantener sus privilegios. La represión está allí para garantizar el “orden” de los que dirigen el país, los grandes empresarios. Durante algunos años los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández se jactaron de que no eran amigos de la represión, pero no dudaron un minuto en votar la Ley Antiterrorista que reclamaba la Embajada de Estados Unidos que atenta contra las organizaciones sociales y políticas.

Dicen estar en contra de reprimir la protesta social pero, allí, bajo su Gobierno, estuvieron las represiones a los trabajadores del Casino; a los petroleros de Las Heras, con verdaderas persecuciones en los barrios de las familias trabajadoras; a los obreros y obreras de Kraft-Terrabusi, con los caballos de la Montada avanzando contra los trabajadores; el desalojo de la ruta que se llevó la vida de Carlos Fuentealba, donde el Gobierno no hizo nada para responsabilizar a los culpables. Además de estos ejemplos, bajo el Gobierno de Cristina son más de cuatro mil los procesados por luchar mientras sólo hay hasta el momento mil genocidas procesados por los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar, ¿Y todavía tienen la caradurez de hablar en nombre de los derechos humanos cuando es bajo su gobierno que la justicia persigue a los trabajadores que pelean por sus derechos?

El fin de año 2010 marcó un nuevo pico, donde ya el discurso de no represión del Gobierno se desplomó por el peso de los hechos. Aunque quieran aparentar otra cosa, como muestra están las imágenes de la represión a los estudiantes que en Córdoba se movilizaban contra una reforma educativa retrógrada, los asesinatos de miembros de la comunidad Qom en Formosa, la corrida en Barracas contra los trabajadores tercerizados donde cayó Mariano Ferreyra en manos de la burocracia sindical de Pedraza mientras la policía liberaba la zona y, por último, la Federal y la Metropolitana poniéndose de acuerdo para reprimir a las familias que buscaban un lugar para instalar su vivienda, dejando a tres jóvenes muertos por balas que salieron desde la columna policial. Así, el gobierno se sumó al pedido de “orden” y mano dura de esa derecha que tanto dice combatir y, tras el maquillaje de la nueva doctrina de la “seguridad democrática”, la ministra Garré impulsó el desembarco de más de seis mil gendarmes en los barrios del conurbano bonaerense, aumentando el hostigamiento y la persecución a los que menos tienen. En esos barrios, la juventud conoce muy de cerca el accionar de las fuerzas del orden. La Policía Bonaerense, que ronda las grandes concentraciones populares del Gran Buenos Aires, con más de 52.000 miembros en toda la provincia (con nueve mil de ellos que cumplieron roles en la última dictadura militar), actúa como un ejército de ocupación en los barrios más pobres, en acuerdo con intendentes que hasta ayer eran duhaldistas y ahora son K. Allí donde el gerenciamiento y la garantía de los más pequeños hasta los más visibles delitos están en manos de un comisario, un jefe de calle, de un inspector de la Bonaerense, los jóvenes sufren más de cerca que nadie la persecución de la “maldita policía”. Ante la deslegitimación de las Fuerzas Armadas en nuestro país luego de haber estado a la cabeza de la última dictadura militar, la opción ha sido el fortalecimiento de otras “fuerzas del orden”, entre ellas las policías provinciales, pero también la Gendarmería y la Prefectura.

Desde la Juventud del PTS, junto al CeProDH (Centro de Profesionales por los Derechos Humanos), integrado por abogados reconocidos por su participación en las causas contra los genocidas como Myriam Bregman e Ivana dal Bianco, y por personalidades como Alejandrina Barry -hija de desaparecidos y querellante en la causa ESMA y contra la Editorial Atlántida, y Victoria Moyano, nieta restituida y querellante en la causa contra el robo de bebés, luchamos contra la represión y la impunidad. Enfrentamos el gatillo fácil, interviniendo en las causas y denunciando la represión policial y la persecución a los luchadores obreros y populares; seguimos peleando por la cárcel a los responsables del secuestro y desaparición de Julio López y Luciano Arruga; y también luchamos contra la impunidad de quienes perpetuaron el último golpe, por eso tomamos parte en las causas por el juicio y castigo a todos los genocidas de la dictadura. No queremos que juzguen solamente a un puñado de viejos milicos: queremos ver tras las rejas a todos los responsables de la dictadura, incluyendo responsables civiles y de la Iglesia. Nuestros compañeros que forman parte del CeProDH han sido parte de las causas que pusieron preso a Etchecolatz. Impulsamos el desmantelamiento del aparato represivo del Estado y la disolución de la policía, contra todo plan de “democratización” de las fuerzas represivas; por milicias basadas en las organizaciones de los trabajadores, con participación de organismos de DD. HH. y de víctimas de la represión policial e institucional, una medida de autodefensa imprescindible para enfrentar la violencia de los capitalistas.

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