Los jóvenes que hoy en día estamos en las fábricas, las universidades, las escuelas y los barrios fuimos parte o hemos escuchado hablar de aquellos días agitados del 2001 que se llevaron puesto a un presidente, dejando a todo un régimen tambaleando, sacudiendo también las cabezas de muchos otros. Los capitalistas salieron a apagar el incendio, y para eso nada mejor, después de las balas que dejaron más de treinta muertos, que el crecimiento económico que desde el 2003 le permitió a la clase dominante acomodarse. Planes sociales de miseria para contener la rebelión lograron calmar las aguas.

A partir de ese momento, un elevado porcentaje de los tres millones de nuevos puestos de trabajo -de los cuales una parte importante fue para una nueva camada de jóvenes que encontraban por primera vez un trabajo propio- vinieron de la mano de una fuerte precarización. En las grandes fábricas se ve y se vive, ni hablar en los talleres chicos o pequeñas empresas. También en los ministerios, las dependencias públicas y las universidades. Pibes en negro, en planta transitoria, con contrato eventual, con contratos de un año, en los trabajos “golondrina”, en empresas tercerizadas, cobrando la mitad que un efectivo, sin beneficios sociales, esperando la renovación del contrato, aguantando. Así, la juventud “ingresa al mercado laboral” sacrificando intereses propios, culturales y recreativos, entrando en la dinámica que impone el ritmo fervoroso de la fábrica, la mirada vigilante del jefe de sector y los horarios rotativos. Peor aún en el caso de las miles de jóvenes trabajadoras, a las que no les queda otra que someterse a los regímenes de flexibilización, agarrando los trabajos más precarios y cargando con el peso extra de una doble jornada laboral que ocupan con las tareas domésticas.

Y mientras, desde arriba, los que nos gobiernan siguen repitiendo el mismo verso desde hace años. El kirchnerismo, más allá de su discurso, conformó un Gobierno que, aliado a los gobernadores e intendentes del PJ, así como a la burocracia sindical de Moyano, se ocupó de recomponer las instituciones que habían quedado en agonía desde el 2001 (como la figura presidencial, el Parlamento, la Corte Suprema de Justicia o las mismas fuerzas de seguridad) y garantizar altas ganancias para el conjunto de la clase capitalista, mientras que a los trabajadores sólo les ha dado concesiones menores, en años en los que el precio de las materias primas ha funcionado como disparador de los índices de crecimiento económico récord pero que de ninguna manera serán eternos. Las contradicciones económicas a nivel internacional se acumulan, con vaivenes y rescates por parte de los Estados, pero la ilusión de una economía nacional vacunada contra los efectos de la crisis económica no puede estar más alejada de la dinámica mundial del capitalismo. Aún así, con los niveles de crecimiento de los que el kirchnerismo se jacta como si fueran un mérito propio, el salario de los trabajadores registrados todavía no alcanza los niveles previos a la crisis del 2001, es decir, que todavía estamos recuperando lo perdido.

Más allá del palabrerío progresista con el cual cientos de escribas adornan el accionar del Gobierno, sus enfrentamientos con el Grupo Clarín o con las patronales agrarias, los de Néstor y Cristina Kirchner han sido gobiernos profundamente capitalistas e inclusive con buenísimas relaciones con el imperialismo. Así, tras el discurso “nacional y popular”, este Gobierno ha mantenido en pie muchas de las conquistas que obtuvo la clase capitalista en los años ´90, como el pago de millones de dólares de deuda externa, las privatizaciones, la flexibilización laboral o la entrega de las riquezas naturales como el petróleo, el gas o la minería a empresas multinacionales como Repsol o Barrick Gold. Tampoco ha tocado la propiedad de la tierra o de las grandes empresas exportadoras, y a pesar de sus disputas con la Mesa de Enlace (apoyada esta última por corrientes que se dicen de izquierda como el PCR o el MST) ha continuado la sojización del campo, a costa de la expulsión de los campesinos de sus tierras, muchos de ellos integrantes de los pueblos originarios. Argentina, bajo el kirchnerismo, sigue siendo un país semicolonial en el que los capitalistas nacionales son socios menores de los extranjeros, que controlan el grueso de los recursos estratégicos de la economía nacional. Incluso la Ley de Medios, presentada como “progresista” por el Gobierno K, no avanza en desarticular la concentración de los medios de comunicación en unas pocas manos. En la nueva ley, entre el Estado capitalista y las empresas privadas se reparten el 66% del “aire”, mientras que en el 33% restante pueden participar “fundaciones” – muchas veces pertenecientes a empresas, ONG y la Iglesia. La Ley garantiza “libertad de expresión” para los dueños de los micrófonos, los cables, las antenas, las cámaras, los soportes y las redes informáticas. Para quienes carecen de esa propiedad, es decir, para la gran mayoría de la población, esta ley no significa ningún avance hacia la libertad de expresar sus opiniones e ideas en los grandes medios de comunicación. Por su parte, otras variantes de partidos patronales, como el PRO de Macri, el Peronismo Federal de Duhalde, la UCR, el PS o la Coalición Cívica de Elisa Carrió, son también incondicionales defensores de los intereses de los empresarios más concentrados. Por eso decimos que, más allá de alguna diferencia de momento, como las que muestran en sus discursos electorales para este año, todos están por defender las increíbles ganancias de los capitalistas nacionales y extranjeros, mientras las condiciones de vida, la salud, el salario, la vivienda de millones de trabajadores y pobres, siguen sin resolverse. Es para defender los intereses de los que más tienen que ocupan sus puestos de ministros, diputados, senadores. Hasta tienen sus periodistas propios, creadores de “opinión pública” para defender a un sistema que condena a la desocupación o al trabajo en negro, al hacinamiento, a la opresión a las mujeres, a la marginación a los que no tienen; a la asquerosa diferencia entre el que se pasea en su auto de “alta gama” y aquel que no sabe cómo terminará su día. Frente a estos proyectos, la centroizquierda de Pino Solanas, que dice ser alternativa (y a la cual se han integrado ahora el MST y la CCC/PCR), no es más que puro discurso, siempre pegada al bando “opositor” que orienta Clarín, la Mesa de Enlace y el grupo Techint, e incapaz de hacer algo más que una aparición en la televisión o el Congreso. Sabbatella, por su parte, es quien “cubre” por izquierda al Gobierno represor del Parque Indoamericano. Nosotros no somos “abstencionistas”: luchamos en las calles, en fábricas y facultades, pero también utilizamos todos los espacios para la disputa política. Las elecciones en general, y las de este año en particular, las vamos a aprovechar impulsando el Frente de la Izquierda y de los Trabajadores (junto a los compañeros del PO e IS) con candidaturas obreras para denunciar a esta “democracia” proscriptiva, y a los partidos que gobiernan para los grandes empresarios. También, para demostrar la impotencia y complicidad de una centroizquierda K que buscará acompañar a Cristina (Sabbatella, amigo de la CTA-Yasky) o sojera (Pino Solanas, aliado a la CTA-Micheli-De Gennaro), quienes están más cerca de los vicios de la “política tradicional” que de los intereses de las mayorías obreras y populares.

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